Playas de la polémica: El gobierno correntino se involucra en la batalla contra la gente

Info General - 13/01/2020

(IMÁGENES) Se suman capítulos y actores a la desesperada habilitación y concesión que hace directamente el municipio de la capital correntina de los espacios y playas públicas, para el aprovechamiento de capitales privados. Fuentes confiables aseguraron a CorrientesHoy.com que desde la famosa esquina de Salta y 25 de Mayo se impartieron directivas para bajarle el tono o directamente no darle ningún espacio a la movida ciudadana en contra de lo que muchos contribuyentes correntinos consideran la concesión ilegal que estaría haciendo la municipalidad a la primera línea del poder económico o social del medio.

 


La prueba estaría en que en la última movida desarrollada el sábado por la tarde en la costanera Juan Pablo Segundo se le dio mínima o nula cobertura mediática, a la protesta ciudadana en contra de los paradores que estarían ubicados ilegalmente y con hormigonado de base en plena playa Arazaty de Corrientes. “El gobierno le pidió a los medios que no se le de prensa a la marcha”, aseguraron varios testimonios en plena costa sur. “No importa tenemos voz igual, porque la playa no se toca, la playa es de todos”, insistieron.

 


Los ilustrados en el tema, recordaron que la playa se trata de un espacio público, ergo, patrimonio popular. Su aprovechamiento no debe ser privativo de quienes se benefician de concesiones que carecen de transparencia. Así se cultiva la falta de seguridad jurídica y las pérdidas son más que las ganancias de temporada.

 


Algunas tibias respuestas, en tono de defensa de esta avanzada sobre la costa sostuvieron que si queremos turistas hay que ofrecerles buenos servicios. Si un parador ofrece comodidad a quien consume esa playa ¿cuál sería el problema? Primero que nada no se necesitan decenas de paradores y, segundo, no es necesario hacerlos de cemento. Respondieron.

 


Se debería festejar tener numerosos paradores, generando trabajo y atrayendo al turismo. También se debería denunciar si es que no hay transparencia en el proceso de concesión. Esto último es lo que estaría sucediendo.

 


Ahora apareció en escena otro peso pesado: el gobierno provincial. En defensa del municipio. La historia continúa.